Observatorio Étnico

Editorial

OIA y CECOIN denuncian señalamientos de El Tiempo que incriminan a Héctor Mondragón

El solo hecho de ser nombrado en un computador que se ha convertido en la "lámpara de Aladino" de la difamación, se presenta como evidencia en los medios de contubernio con el terrorismo.

La Organización Indígena de Antioquia -OIA y el Centro de Cooperación al Indígena -CECOIN denunciamos los señalamientos del periódico el tiempo que incriminan a nuestro compañero Héctor Mondragón con correos del PC de Reyes.

Hay tres cosas que evitar: la ignorancia, la ofensa y la mentira.

Sabiduría popular

La Organización Indígena de Antioquia, OIA, y el Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN, rechazamos de forma enérgica el intento de enlodar el nombre de nuestro compañero Héctor Mondragón, investigador de CECOIN y asesor destacado de organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, y prevenimos contra cualquier intento de amalgamar un montaje que trate de dar la idea de que él está vinculado a las FARC.

A través del señalamiento, con visos de ambiguo pero al mismo tiempo incriminatorio, que publica el periódico El Tiempo el pasado 29 de agosto con el nombre de una persona conocida tanto en medios académicos como en las organizaciones sociales, como es Héctor Mondragón, con el computador de Raúl Reyes, pone en el tapete los procedimientos ilegales que el Estado legalmente constituido utiliza para intimidar o hacer objetivo militar de los grupos paramilitares que subsisten y siguen matando, a quienes no se callan ante los improperios del gobierno de turno y las leyes y medidas que propician contra los indígenas o a quiénes defienden el respeto de los derechos de los demás sectores vulnerables de nuestra sociedad.

En tiempos en los que la impunidad, la ausencia de verdad, el favorecimiento a los amigos del régimen, la persecución a sus contradictores y el acallamiento a cualquier voz disidente o libre pensadora se manifiesta en detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones o falsos positivos y en señalamientos calumniosos del presidente Uribe Vélez contra sus opositores políticos, tenemos que mantener la entereza y el coraje que la verdad y la búsqueda de justicia dan a los hombres nobles y justos. El solo hecho de ser nombrado en un computador que se ha convertido en la "lámpara de Aladino" de la difamación, se presenta como evidencia en los medios de contubernio con el terrorismo.

Héctor Mondragón ha sido durante muchos años un defensor de los derechos humanos y colectivos de las organizaciones y comunidades del campo y la selva. Ha sido perseguido en diferentes formas y amenazado de muerte muchas veces por ser consecuente con esos derechos y con esa lucha. Tiene un compromiso personal con la paz y la no violencia. Recientemente ha liderado procesos de oposición a engendros legales como el Estatuto de Desarrollo Rural, El TLC, la Ley Forestal, todas normas impulsadas por el Gobierno Nacional y que tienen un claro propósito de legalizar el despojo de los territorios realizados por los actores armados, el arrebatamiento de los recursos a las comunidades, la entrega de territorios a inversionistas particulares, todo en desmedro de los derechos de los habitantes más humildes del campo.

Con esta estrategia infame se busca perseguir criminalmente a quienes denuncian las políticas de exterminio de una elite que tiene un apetito voraz de capital, también involucrar con la guerrilla y el terrorismo las movilizaciones sociales y las acciones jurídicas que legítimamente ejercen comunidades y organizaciones que buscan hacer valer sus derechos.

Héctor que le ha dado la oportunidad a la justicia y a la sociedad colombiana e internacional de conocer la realidad no oficial que golpea, asedia y amenaza a campesinos, indígenas, afrocolombianos y desplazados. Todos ellos expulsados, engañados o despojados de sus tierras. Ha tenido toda su vida una posición clarísima sobre el derecho de los pueblos a la movilización, a la resistencia, a la libre determinación y a la lucha social para que éstos sean una realidad. Nadie puede vincularlo con la acción armada, a menos que acuda a la mentira y la falsedad; no es casual que quien pretenda vincularlo sea un gobierno que hasta engaña a la comunidad internacional.

Demandamos de la comunidad nacional e internacional y a todos los Estados amigos se interpele al actual gobierno para que respete la honra y el buen nombre de los ciudadanos y las organizaciones comprometidas con la justicia y el bienestar de los colombianos, que cese la persecución, los falsos positivos y los señalamientos amañados de las fuerzas armadas y organismos al servicio del régimen, que permitan que la democracia prospere y no sea sometida a la voluntad personal del presidente. Exigimos que se rectifiquen los señalamientos en contra del académico Héctor Mondragón, creemos y damos fe sobre la honestidad, transparencia y compromiso de su trabajo en favor de la sociedad colombiana.

CECOIN y la OIA manifestamos nuestro total rechazo a cualquier señalamiento o montaje que acuse a Héctor o cualquier miembro de nuestra Organización de realizar actividades terroristas. A él y a su familia nuestro apoyo en este difícil momento. Igualmente, invitamos a las organizaciones indígenas a que lo acompañemos y respaldemos.

ANTE LAS POLÍTICAS DE EXTERMINIO RESISTENCIA Y VIDA

ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA

CENTRO DE COOPERACIÓN AL INDÍGENA

Héctor Mondragón: mi opción por la resistencia civil

Autor: Héctor Mondragón

"No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices".

Para quienes me conocen cercanamente, para quienes trabajan a mi lado, es indudable que practico un compromiso total con la no violencia y que arriesgándolo todo, entregando mi vida, me dedico a la resistencia civil, en un país donde los intereses de los poderosos se imponen con violencia y grupos armados creen que se puede derrotar la violencia con violencia.

Quienes me conocen cercanamente saben con claridad que no soy de las Farc, porque discrepo de su estrategia, su línea política y sus métodos.

He discrepado pública y privadamente desde hace 18 años con la estrategia de las Farc que se centraba y se centra en el papel de la guerrilla convertida en ejército revolucionario, en torno al cual el pueblo puede tomar el poder y producir las transformaciones sociales y coloca en segundo plano la movilización de las masas populares. Esta concepción se ha demostrado completamente inaplicable a Colombia; incluso, anteriormente las propias Farc se hicieron más fuertes que otras organizaciones que confiaban prioritariamente en la acción militar y luego por razones que probablemente tienen que ver con la forma como fue masacrada la Unión Patriótica, las Farc pasaron a subestimar las luchas masivas del pueblo y se dedicaron al fortalecimiento militar como principal objetivo. Este error político se ha convertido en una tragedia para la lucha popular, ha permitido el fortalecimiento de la extrema derecha que se ha convertido en gobierno y no solamente ha fracasado en impedir el despojo de las tierras de cientos de miles de campesinos y afrocolombianos, sino que lo ha acentuado y ahora permite y hasta provoca el desplazamiento forzado de indígenas en varias regiones del país.

En la mayoría de Latinoamérica, son las movilizaciones multitudinarias de las masas las que han comenzado a provocar cambios y a cuestionar al neolberalismo, la dominación de las transnacionales y el latifundio. Incluso en un país donde el sector agrario tiene un peso proporcional mayor, como es Bolivia, las movilizaciones masivas tienen el papel principal. Se ha visto como allí como en Venezuela, los sectores sociales en conflicto dirimen sus contradicciones en el terreno de luchas masivas. En Ecuador las grandes masas han sido las protagonistas, tanto como en Argentina o en otros países y en cada sitio es el nivel de conciencia de las masas el que marca el resultado de sus caudalosas movilizaciones. En Colombia en cambio, el enfrentamiento militar ha sido la cortina tras la cual la extrema derecha ha podido masacrar el liderazgo sindical y campesino e imponer así la demolición del derecho laboral y la legalización del despojo de tierras.

A pesar de la tragedia que significó el exterminio físico de 3 mil de sus integrantes, la Unión Patriótica se había ganado el cariño del pueblo. La lucha por un acuerdo de paz democrática que abriera el paso a grandes expresiones populares, había ganado el corazón de la gente. Aunque era absurdo seguir exponiendo diariamente a senadores, representantes, diputados, concejales y líderes a la muerte, no debía confundirse la necesidad de esconderse de los asesinos y eludir su acción, con aceptar colocarse en el terreno en que el poder quería, en el camino de una guerra indefinida. Muchos partidos y movimientos revolucionarios o democráticos del mundo han tenido que pasar a la clandestinidad más completa o la semiclandestinidad, sin que por ello hayan pasado a la lucha armada. Han sido obligados a la clandestinidad pero han mantenido una acción no violenta centrada en organizar al pueblo y en movilizarlo por sus intereses vitales, que en ese momento eran para los colombianos detener el avance del neolberalismo, defender las conquistas laborales y sociales, las empresas del estado y conquistar una paz democrática.

Los acuerdos de paz de 1991 hubieran podido abrir el paso para que Colombia estuviera hoy en el rumbo de Latino América. Si esto no fue así se debió en parte a inconsecuencias de algunos de quienes los firmaron y al hecho de que algunos de ellos dejaron de luchar por el cambio social, pero se debió sobre todo a que el proceso no se continuó con acuerdos con las dos guerrillas más grandes, las Farc y el Eln. En negociaciones que se celebraron en Caracas parecía que había caminos de acuerdos, pero se frustraron. Aunque es obvio que la derecha, especialmente el latifundio, la narcopolítica y ciertos círculos transnacionales sabían que no les convenía para nada ese acuerdo y se dedicaron a impedirlo con el estímulo al paramilitarsmo y sus asesinatos y masacres, también es cierto que esas dos guerrillas no tenían una estrategia congruente con la búsqueda de acuerdos de paz, que les permitiera visionar la importancia decisiva de grandes movilizaciones de masas como verdadero eje de los cambios que necesitamos.

Esa concepción errada de las guerrillas produjo otros errores graves. La subestimación de las masas, su conciencia y su lucha llevó a las Farc a justificar y utilizar formas de guerra que golpearon al propio pueblo, como el uso de cilindros explosivos en centros poblados, contra el cual escribí hace unos años el artículo “Toribío atacado”. El uso de rehenes civiles que años antes las propias Farc consideraran un método equivocado de lucha se convirtió en táctica central de las Farc, al extremo que un frente de las Farc llegó a desplazar a grupos indígenas Nukak para mantener unos secuestros. Desde hace varios años se registra que algunos de los asesinatos de líderes queridos por la gente o de activistas esforzados resultan siendo cometidos por las Farc y entonces en varios casos esos líderes y activistas ya no deben temer solamente a los paramilitares o a los poderes constituidos, sino a las Farc, lo cual ha afectado especialmente al movimiento indígena. ¿Cómo no va a rechazar la mayoría del pueblo estas actuaciones de las Farc? Esto que escribo aquí lo he dicho todos los días y en la medida que trabajo en las regiones con los indígenas y los campesinos he tratado de que se oiga, para ver si se produce un cambio en esas actuaciones, pero aunque a veces se atiende los reclamos de los indígenas, los problemas se repiten debido a las concepciones erradas que los causan.

Hago en primer lugar estas consideraciones estrictamente políticas, para resumir muy sintéticamente mi análisis sostenido y profundizado durante 18 años, sin que para ello tenga que acudir a mis compromisos personales de vida con la no violencia, que aunque son también esencialmente políticos, no tienen por qué ser compartidos por quienes no comparten una fe y consideran que es válido hacer uso del derecho a defenderse de la violencia con violencia, ya que incluso jurídicamente actuar violentamente “en defensa propia” puede tener validez. Las guerrillas surgieron como defensa campesina frente a los asesinatos y masacres perpetrados por agentes del estado y los latifundistas, los paramilitares fueron constituidos con el pretexto de combatir la violencia de la guerrilla. El país se ha sumido en la cadena de las violencias y de ello se aprovechan los intereses creados, los gamonales políticos, las mafias y en especial el capital transnacional que va logrando imponer una legislación a su favor.

Desde 1994 opté por un compromiso personal con la no violencia como camino a seguir para contribuir al cambio radical de la sociedad y de las relaciones sociales. Renuncié bajo cualquier circunstancia a usar las armas para mi defensa y a propiciar su uso para la defensa de otros. Me deshice de dos revólveres de los que legalmente me doté cuando fui amenazado de muerte y se intentó asesinarme por pertenecer a la Unión Patriótica, renuncié a tener escoltas porque no quiero salvar mi vida a costa de la de otros. Terminé renunciando a cualquier rutina y a varias posibilidades laborales para evitar ser asesinado sin acudir a ningún arma. Creo desde entonces que la lucha radical por el cambio de social debe estar acompañada por el cambio radical de los métodos, por la renuncia completa a cualquier lucha armada, de manera que no solamente podamos decir que el fin no justifica los métodos, sino que el método radical de la no violencia sí puede conducirnos a lograr el fin de un cambio social realmente radical.

Como es público, es así como mantuve mi compromiso de lucha por un cambio social radical, que como enseña Carlos Gaviria, consiste en ir a la raíz y no creer que con maquillajes se pueden cambiar las cosas. No se trata de un cambio de gobierno para que la corrupción de la derecha sea reemplazada por otra. No se trata de un cambio de roscas, para que nuestros amigos gobiernen en vez de nuestros enemigos, demostrando “gobernabilidad”, pero sin tomar medidas esenciales a favor del 80% más pobre. Colombia necesita cambios de fondo, en primer lugar en cuanto se refiere a la tierra y a las relaciones con las transnacionales. Y único el camino para lograrlos es desplegar la más amplia resistencia civil, la construcción de alternativas desde la base y la movilización civil masiva y decidida. Absolutamente todo lo que he hecho durante estos años, todos los días, es transitar por este camino en la medida de mis fuerzas y mi experiencia.

Estoy desde luego herido por las huellas de la tortura que sufrí en 1977 y también por 20 años de estar amenazado de muerte y perseguido por los sicarios. A veces pierdo la esperanza, especialmente cuando sé que alguno de mis amigos ha sido asesinado, entonces me pregunto por qué sigo acompañando la lucha de los indígenas y campesinos, por qué no renuncio. Pero nuevamente se enciende en mí la pasión por la gente que amo y que sé que tiene derecho a una vida digna, la pasión por unas relaciones sociales basadas en la solidaridad. No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices. Pero la palabra es semilla y está sembrada y sea lo que sea lo que nos hagan en cada campesino con su tierra, en los indígenas gestionando su territorio, en los afrocolombianos retornados a sus comunidades, en los habitantes de los barrios populares de las ciudades que podrán comer mejor después de la reforma agraria que al fin conquistarán, en cada familia de los asalariados que reciban al fin justicia para su trabajo, allí vivirá esa palabra y no la podrán matar.

Héctor Mondragón, 7 de septiembre de 2008.

EN CIRCULACIÓN REVISTA ETNIAS & POLÍTICA No. 7

Durante 516 años de resistencia en las Américas ha estado planteado el problema de la dominación de los pueblos indígenas por los poderes y modelos económicos impuestos mediante las armas y el colonialismo. Ahora, como cuando Tupac Amaruc se levantó contra los españoles, los pueblos indígenas del continente vuelven a levantar por todos lados alternativas para liberarse de la opresión de siglos, del despojo de sus territorios.

Es el resultado de años de lucha y organización lo que ha permitido una presencia pública y una acción política de los indígenas y de sus propuestas, las cuales han tratado de plasmar en leyes y constituciones nacionales y, finalmente, en la legislación internacional.

Los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) significaron importantes pasos en el establecimiento internacional de una nueva normatividad que al fin reconociera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y que sirviera de marco para las innovaciones constitucionales que en cada país abrían paso a ese reconocimiento, como fue el caso de lo dispuesto por la Constitución de 1991 sobre los pueblos indígenas de Colombia.

Pero la reacción del establecimiento y los intereses creados contra el reconocimiento de los derechos indígenas se ha entrelazado con la política del capital transnacional, ansioso de modificar la normatividad mundial en un sentido totalmente contrario, para reconocer los "derechos" de los inversionistas, del capital, es decir, de las propias transnacionales.

Una nueva constitución mundial que pone los derechos de las transnacionales por encima de los derechos humanos y de los derechos colectivos se fragua mediante los llamados tratados "de libre comercio", las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y mediante numerosas leyes forestales, rurales, de tierras, de aguas, de minas, de petróleos, de "seguridad jurídica", de arbitraje internacional y de propiedad intelectual, leyes que son como contratos de adhesión a manera de formularios a los que simplemente se les llenan algunos datos propios del país dominado en que se van aprobando.

El establecimiento de los "derechos de los inversionistas" significa desde luego, otra vez, desconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El capital choca contra ellos y quiere despejar el camino. Otra vez una frondosa ideología se levanta para denigrar a los indios. El sociólogo por muchos años asesor del gobierno de Estados Unidos, Samuel Huntington, en su libro ¿Quiénes somos?, asume la cultura anglosajona como superior, y la identifica, con el individualismo en la medida que la ve amenazada por las culturas que enfatizan en los derechos colectivos. Según Huntington lo indígena, como cuna de los derechos colectivos, sería el fundamento del atraso latinoamericano. El ex presidente español José María Aznar, en su infome "América Latina, una agenda de libertad", considera que el "indigenismo" es un "camino que se aleja de las sociedades abiertas, libres y prósperas", porque sustituye el concepto de ciudadano de una república por el de miembro de una comunidad étnica".

La versión criolla del mismo racismo la sublima el peruano Mario Vargas Llosa atacando al supuesto fundamentalismo indígena al que sindica de "Talibán", para colocarlo a la altura de los peores enemigos de la civilización, los terroristas. Considera las reivindicaciones indígenas como "utopía arcaica" colectivista y contrapuesta a los

derechos individuales. Vargas Llosa presupone la superioridad de la otra cultura, la individualista, quiere imponer el neoliberalismo como bien supremo de la humanidad.

A la nueva catarata ideológica contra la lucha de los pueblos indígenas se suman las iniciativas legislativas, como el Estatuto Rural en Colombia, los estatutos departamentales autonómicos en Bolivia, el Decreto Legislativo 1015 en Perú, que facilita la disolución de las comunidades andinas y amazónicas.

Más grave aún son los hechos de fuerza contra los pueblos indígenas: los asesinatos de indígenas en la Amazonia brasilera; el encarcelamiento de mapuches en Chile; la represión en Oaxaca y Chiapas, en México; las masivas agresiones racistas de la Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos fascistas en Bolivia, y las humillaciones públicas masivas a los indígenas como la ocurrida en la ciudad de Sucre; los ataques de los terratenientes zulianos contra los indígenas yukpa en Venezuela; el aumento de las violaciones de los derechos humanos de los indígenas durante los últimos años en Colombia, y las órdenes del presidente Uribe de pagar recompensas por los indígenas que liberan la madre Tierra y de detener a los senadores partidarios de su causa.

Los indígenas no se amilanan por la contraofensiva racista que quiere garantizar la nueva conquista transnacional. Ellos mantienen la iniciativa.

En Ecuador han logrado su objetivo de años, la convocatoria de la Asamblea Constituyente donde se consagre el carácter plurinacional del Estado, y confrontan en este momento al gobierno para exigir que en la Constitución se plasme el derecho a exigir que solamente se exploten los recursos naturales de sus territorios cuando ello cuente con su consentimiento previo, libre e informado, y no se lesione su integridad. Obviamente, los poderosos intereses de las petroleras quieren trancar la lucha de las nacionalidades indígenas.

En Bolivia la Constituyente ha aprobado un texto que consagra el carácter plurinacional del país, y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y los campesinos. Actualmente en Bolivia se libra una batalla decisiva por lograr que esa Constitución entre en vigencia y se abra el paso a un cambio real en ese país.

En Venezuela, después de años de invisibilización, y tras lograr que la Constitución les reconociera derechos fundamentales, los indígenas luchan por la demarcación de sus territorios, contra los apetitos de las empresas mineras.

El discurso neoliberal y los promotores y extensionistas al servicio de las transnacionales tratan de contener las aspiraciones de los pueblos indígenas, asegurándoles que quieren hacerlos partícipes a ellos y a sus territorios de los "beneficios del desarrollo económico". Anuncian el supuesto papel redentor del mercado, la carretera, la explotación forestal, la mina, el pozo petrolero o la agroindustria. Pocas veces los indígenas salen bien librados en su integridad cultural, social y económica, y también los resultados ambientales suelen ser funestos. Durante el proceso, la mayoría son despojados de sus tierras y aguas; convertidos en mano de obra barata o migrantes internacionales. Sólo excepcionalmente un indio se convierte en empresario, y en cambio la mayoría participa en el desarrollo en calidad de empobrecido, despojado, cuyo territorio es desarrollado mediante la inversión.

Objetiva e históricamente enfrentados a la concepción desarrollista los pueblos indígenas se han manifestado como sujetos del derecho a la diversidad étnica y cultural, como gestores de sus propios planes de vida, que deciden sus prioridades. Exigen reconocer el proyecto de vida propio de cada pueblo indígena, con cosmovisión, espiritualidad, organización, objetivos, prioridades, decisiones y alternativas propias, dispuestos a la interculturalidad, pero en términos simétricos y no asimétricos, opresivos; dispuestos a concertar pero a la vez a rechazar cualquier imposición.

La aspiración de los pueblos indígenas a la autonomía se basa en el proyecto de cada pueblo, luego no se pueden someter a una nueva forma de subordinación etnocentrista que supedite los derechos indígenas al sometimiento a proyectos externos, sino que se trata de que cada pueblo, además de gestionar sus propios asuntos de acuerdo con su cultura y mediante sus autoridades propias, exprese su "consentimiento previo libre e informado" sobre todos y cada uno de los proyectos o planes de desarrollo que tengan que ver directamente con su territorio y su vida.

La principal razón por la que el colombiano fue el único gobierno latinoamericano que no votó a favor de la "Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas" aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre 2007, es lo dispuesto en el numeral 2 de su artículo 32:

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

El consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas es lo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no puede tolerar, y es exigido en siete artículos por la declaración, entre ellos el 19 que se refiere a las medidas administrativas o legislativas que los afecten.

¿Quién preguntó a las comunidades directamente afectadas por el Plan Puebla Panamá (PPP) o la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA)? Nadie. ¿Quién les ha preguntado si están de acuerdo o no con la expansión de las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera para el negocio de los agrocombustibles? ¿Quién les pregunta si les convienen o no, o si aceptan que los aplasten las hidroeléctricas, los pozos petroleros, las minas y las grandes carreteras? Nadie.

Consideradas las sociedades y los países como multiétnicos y pluriculturales, la diversidad se asume como una riqueza y como un derecho exigible. Las relaciones de respeto intercultural exigen concertación y consenso. Se trata de sustituir una interculturalidad asimétrica, dominadora, por una interculturalidad de consentimientos mutuos y prioridades consensuadas.

Esta visión no elimina el conflicto, sino que permite resolverlo en términos de construcción social. El conflicto es tan constitutivo del vínculo social como la interdependencia misma,

la erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable, ni deseable (...) es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión al otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo (...) una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz[1].

El sistema jurídico y la práctica de un Estado democrático se sustentan en el carácter efectivamente conflictivo de la sociedad. No hay democracia ni convivencia simétrica y equitativa, cuando la idea de la colaboración obligatoria reemplaza a la de la aceptación del conflicto y a la concertación institucional de soluciones alternativas. Se trata de construir una nueva interculturalidad, en la cual las diferencias se concierten a través de diálogo de verdades compartidas cuya tensión es una riqueza mantener. El reconocimiento de todos los territorios indígenas como entidades territoriales de la República, la consulta previa y el requisito del consentimiento libre e informado de los pueblos y las comunidades indígenas es el espacio adecuado para comenzar unas nuevas relaciones interculturales. La reciente sentencia C-030 de 2008 de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional la Ley Forestal por ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, puede ser un punto de referencia para comenzar.

Descargar: Revista Etnias & Política No. 7

[1][1] Zuleta Estanislao (1989). "Sobre la guerra, esa borrachera colectiva". En Elogio a la dificultad y otros ensayos. Cali, Fundación Estanislao Zuleta, 2001, p. 73.

MÁS PUBLICACIONES DEL OBSERVATORIO

El Observatorio Indígena de Políticas Públicas y Derechos Étnicos, es el proyecto estratégico de CECOIN. A través de acciones investigativas y formativas pretende hacer seguimiento y análisis al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Hace dos años el Observatorio comenzó a difundir el producto de su trabajo con la publicación "Violencia Política Contra los Pueblos Indígenas 1974 - 2004". Esta publicación sistematizó un trabajo dispendioso de recolección de información sobre las vulneraciones de los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas y las infracciones al derecho internacional humanitario en sus territorios.

El seguimiento en materia de derechos civiles y políticos ha continuado y a través de diferentes fuentes confiables se ha mantenido actualizada la base de datos. No obstante, convencidos de que el ejercicio de los derechos es de carácter integral y que tratándose de comunidades diferenciadas étnicamente la lectura de los mismos debe tener un marco de análisis intercultural, el Observatorio decidió que era necesario difundir el trabajo que se viene realizando en materia de seguimiento a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y por eso en el último año las publicaciones del Observatorio, salvo la de "Experiencias de Paz y Resistencia", se han concentrado en la temática de los DESC y los impactos del modelo económico globalizador de mercado en el ejercicio de los mismos.

En esta oportunidad presentamos en medio magnético la publicación "Indígenas sin Derechos: Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas". El texto contiene nueve capítulos, todos elaborados por diferentes autores. Los artículos son variados, comienza con un análisis crítico de los modelos teóricos de políticas públicas construidos desde los enfoques positivos, racionales y conductuales provenientes de la Escuela de Chicago y su errónea aplicación en políticas dirigidas a grupos étnicos, continua con un análisis de los desarrollos del sistema internacional en materia de DESC, luego una crítica a los modelos de bienestar que esconden un soterrado racismo al lado de dos capítulos que cuestionan el pobre desarrollo de datos estadísticos por parte del Estado frente a la población indígena. Los siguientes tres capítulos desarrollan un estado del arte sobre la información que se ha producido en el país sobre los derechos a la salud, la educación y el territorio, la cual es bastante precaria, sobre todo en instituciones del Gobierno que tienen poca información, sin una perspectiva diferenciada. El último capítulo corrobora las hipótesis de los anteriores con tres estudios de casos realizados desde la Mesa Pueblos Indígenas y DESC.

En la perspectiva de las investigaciones sobre los impactos del modelo económico en los pueblos indígenas, también presentamos la publicación "TLC y Pueblos Indígenas". Esta publicación se divide en tres partes. La primera, contiene tres capítulos que hacen una reflexión crítica sobre el modelo neoliberal y de apertura de mercado en relación con los impactos en pueblos indígenas. La segunda, describe los impactos y los riesgos efectivos que trae el TLC negociado con entre Colombia y EEUU, tanto en comunidades indígenas como en el resto del país rural, en materias como el territorio, la biodiversidad, el sacrificio de la autonomía, entre otros. Y la última parte, desarrolla dos artículos que relatan la experiencia negativa del Tratado de Libre Comercio del Norte de América y sus efectos negativos en sobre la población más pobre, después de más de 14 años de vigencia del mismo.

Finalmente, también ponemos a disposición en nuestra página web la Revista Etnias y Política No. 6 que trae contenidos de actualidad sobre el movimiento indígena nacional.

En este número de la revista encontrarán artículos de gran relevancia entre los que se citan: Empresas mineras en zonas indígenas del departamento del cauca: amenazas y oportunidades, Derecho al territorio y desterritorialización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Amenazas de la Ley de Desarrollo Rural al derecho territorial de los pueblos indígenas, entre otros.

Etnias & Política No 5, Paz y resistencia: Nuevas publicaciones ahora en la Web

Concientes de que nuestros productos editoriales deben cumplir una función social y política de cara al contexto nacional y en particular al que viven las comunidades étnicas y rurales, nuestra línea editorial no puede entramparse en disquisiciones intelectuales que no aporten a la movilización social ni al ejercicio de los derechos. Por eso consideramos que es necesario habilitar páginas que generen análisis y debate sobre la forma en qué los movimientos sociales están construyendo su acción política para el ejercicio de sus derechos y cómo los partidos que dicen representarlos generan la plataforma de interlocución con el Estado.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) acaba de cumplir 25 años. Estas celebraciones suelen adornarse de un convencionalismo que no permite ver la realidad y la disfraza con el manto del conformismo, acaso lo sea, por ejemplo, decir la obviedad de que el principal logro de este cuarto de siglo sea la existencia misma de la ONIC, en lo que nadie podrá manifestar desacuerdo. Pero no se trata de esto. Para etnias & política, en su edición número 5, es, sin duda, una buena ocasión para reflexionar sin consideraciones subalternas sobre la situación del movimiento indígena.

La recuperación de la tierra posibilitó el único proceso real de reforma agraria en la historia de Colombia, sin embargo, hoy confiamos más en lo que los representantes indígenas puedan hacer en los cuerpos colegiados o ante las autoridades. Lo segundo, fue la inversión de las prioridades. No están los representantes políticos al servicio de los pueblos y sus luchas sino que éstas y los pueblos deben servir a las necesidades de los representantes políticos. Este tiempo ha sido la gran fiesta del afán de figuración, de los apetitos particulares, de las ganas desmesuradas del éxito electoral.

Para su edición No.5 etnias & políticas ha invitado a diferentes colaboradores indígenas y no indígenas a aportar sus reflexiones desde su experiencia. La invitación fue amplia y respetuosa con la historia del movimiento. Agradecemos el aporte al debate tanto a modo de entrevista, como respondiendo el cuestionario que les hicimos llegar; lamentamos las ausencias deliberadas y las respetamos.

Aprovechamos la ocasión para también presentar en medio virtual la sistematización titulada Paz y Resistencia: experiencias indígenas desde la autonomía. Este texto tiene la intención de divulgar aquellas estrategias de paz que fueron analizadas durante 2006 y parte de 2007 por un grupo de investigadores indígenas y no indígenas, con participación de las comunidades que han hecho parte de tales experiencias, y con el objetivo de fortalecerlas a partir de la reflexión con las comunidades. Hubo sin embargo una pregunta que rodeó el trabajo, surgida de las preocupaciones de las organizaciones indígenas planteadas en el congreso de Cota en 2001: ¿Existe una propuesta de paz de los pueblos indígenas a la sociedad nacional?

El texto básicamente se centra en cinco experiencias bien sea de paz, de autonomía o resistencia, en todo caso son cinco experiencias que muestran las posturas de las organizaciones indígenas en diferentes niveles frente al conflicto armado en que se han visto inmersas, posturas que han generado debate y acuerdos con los actores armados y el propio Estado. Las experiencias escogidas son: La guardia indígena de Caldono, la guardia indígena de los resguardos de la zona centro del Cauca, los acuerdos de paz entre la comunidad Nasa de Gaitania y las FARC, la estrategia de interlocución de las comunidades indígenas de Antioquia y el Consejo Nacional Indígena de Paz, Conip.

Ponemos a disposición de todo el público interesado éstas dos publicaciones en nuestra página web, éstas ya vienen circulando en medio físico por diferentes vías. Esperamos que este material sirva para habilitar debates y no para generar exclusiones o estigmatizaciones.

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