En el año 2003, la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la
situación de derechos humanos en Colombia "se ha caracterizado por violaciones
graves, masivas y sistemáticas de esos derechos, constituyendo muchas de ellas
crímenes contra la humanidad". Cinco
años después, las violaciones continúan siendo graves, masivas y sistemáticas,
en muchos casos se han agudizado y en gran parte permanecen en la impunidad. La
responsabilidad de estas violaciones en la mayoría de los casos se atribuye al
Estado colombiano, ya sea por perpetración directa o por tolerancia o apoyo a
los grupos paramilitares. Además, el país está enfrentando una grave crisis del
Estado social de Derecho, como consecuencia del irrespeto a la separación de
poderes por parte de la rama ejecutiva, lo cual hace mucho más preocupante la
situación del país en este momento.
La historia de Colombia, y
en particular la de su ordenamiento territorial, es bastante peculiar y
compleja. Por esta razón, dicho ordenamiento requiere ser analizado desde
diferentes dimensiones: la histórica, la geográfica, la social, la cultural, la
étnica y, por supuesto, la política, pasando por la económica y la financiera,
ello sin descuidar los diferentes intereses que intervienen en la promulgación
de normas y en los procesos de ordenamiento territorial.
Grupo de Seguimiento Estatuto
de Desarrollo Rural. De este grupo hacen parte, además de la ONIC , el Centro de
Cooperación al Indígena, (Cecoin), el Sindicato de Trabajadores del Incoder
(Sintraincoder), el Grupo Semillas, el Movimiento Nacional de Salvación
Agropecuaria, la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y
Reconstrucción (ANUC -UR ), la Federación Nacional Agropecuaria (Fensuagro).
El presente documento fue elaborado por Héctor
Mondragón y avalado por las organizaciones firmantes.
Por iniciativa del
gobierno, el Congreso aprobó el nefasto proyecto de ley por el cual se
modifican las normas que regulaban al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
(Incoder). Violando el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) el gobierno no consultó previamente a los pueblos indígenas
sobre este proyecto, que afecta directamente nuestros territorios y nuestros
derechos. Sólo cuando faltaba el último debate para ser aprobado citaron a la Comisión de Territorios
indígenas para informarle sobre el proyecto, sin ánimo de llegar a un acuerdo1.
Y como se comprobó en la sesión plenaria de la Cámara, ni el gobierno ni el
Congreso tuvieron nunca en cuenta nuestras opiniones, en los puntos esenciales,
contrarias a las suyas.
Mucho se ha escrito y
discutido en diferentes escenarios sobre conocimiento tradicional indígena. Y a
pesar de que existen normas y propuestas orientadas a su protección, éstas
todavía no se han convertido en acciones concretas que protejan a los pueblos
indígenas y a sus territorios del acceso no consentido a sus tierras, recursos
y conocimiento tradicional. Por el contrario, persisten las acciones de
biopiratería y cognopiratería,1 que buscan ser legalizada con
normas como los tratados de libre comercio o de protección a las inversiones
extranjeras. Ante este panorama, el presente documento pretende poner
nuevamente sobre el tapete la discusión sobre la necesidad de implementar acciones
para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, como
parte de su integridad territorial.
Se aprobó en el Congreso
la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo "Estado comunitario: desarrollo
para todos 2006-2010",
presentada por la administración de Uribe II. Como corresponde, se trata de más
de lo mismo, pues al fin y al cabo la palabra más empleada en el texto es "consolidar".
Consolidar la política de seguridad y dentro de ella consolidar el
fallido programa de erradicación de cultivos de coca con la fumigación de 640
mil hectáreas más. También se consolidarán los dos pilares del Estado
comunitario: el crecimiento económico y la lucha contra la inequidad. El
segundo a través de la consolidación del asistencialismo para 1,5
millones de familias en acción, para lo que se planea invertir 18 billones de
pesos.
Actualidad 
Libro Violencia Política contra los Pueblos Indígenas